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									Las24Casino • Tus Mejores Apuestas Foro - Debates Recientes				            </title>
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                        <title>Mujeres y LGBTIQ+ reclamaron justicia por el ataque contra lesbianas en Barracas</title>
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 22:21:13 +0000</pubDate>
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No fue un hecho aislado; se inscribió en la violencia machista que, solo en el primer cuatrimestre de este año, cegó la vida de al menos 80 mujeres y feminidades en el país. No fue al azar; el autor odiaba a sus víctimas y ese odio encendió la chispa del explosivo casero que arrojó contra ellas. Pamela, Mercedes, Sofía y Andrea no lograron escapar: la vulnerabilidad habitacional en la que estaban sumidas avivó las llamas que acabaron devorando sus cuerpos.
Cuerpos que ya eran portadores de viejas cicatrices,las de la pobreza, las de la construcción y defensa de su identidad lésbica, las de la violencia institucional. El Estado, el mismo que en los últimos años se avino a reconocer y promover derechos e implementar algunas políticas reparatorias, es responsable de lo sucedido este lunes en el barrio porteño de Barracas. Lidera, sintetizó una docente y activista, el “grupo de poder” que lleva a cabo, desde diciembre de 2023, una “contraofensiva patriarcal que apunta al disciplinamiento de las distintas ‘desviaciones’”.
Tales fueron los principales argumentos que sustentaron la lectura política que, más allá de algunas divergencias y matices, realizaron las 2000 personas reunidas en asamblea en Plaza Congreso, como eslabón porteño de la Convocatoria Federal y Plurinacional “No es libertad, es odio. Fue lesbicidio”, sobre el ataque lesboodiante que causó la muerte de Pamela Cobas y Mercedes Figueroa y dejó en grave estado a Andrea Almarante y Sofía Castro Riglos.
Eva, militante de la organización Marabunta y docente de la materia Educación Sexual Integral, Salud Sexual y Aborto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, inscribió el ataque a las cuatro mujeres como un “atentado a las disidencias.En esta sociedad ser lesbiana, ser travesti, ser trans, ser pobre, vivir en la calle es ser desviade”, al tiempo que enfatizó que “en este momento” se cierne sobre esos colectivos “una contraofensiva patriarcal desde los grupos de poder y de gobierno con la intención de promover y legitimar la violencia”. También llamó a “encontrar formas de resistencia que no reproduzcan la crueldad con la que nos están atacando”.
Tras recordar los casos de Tehuel de la Torre, varón trans desparecido en 2021, y Pepa Gaitán, fusilada en 2010 por ser lesbiana,Benjamín, integrante de laAgrupación LGBTI+ 1969, llamó a “no quedarse de brazos cruzados mientras despiden a compañeras trans del Estado nacional, mientrasfaltan las hormonas (destinadas a las personas trans que llevan adelante terapias de hormonizaciónen el sistema sanitario público), mientras asesinan compañeras que vivían en una situación vulnerable y soportaban día a día el hostigamiento de un tipo educado en este sistema para disciplinar a las diversidades y si te pasás de la raya, ¡pum!”.
Georgina Orellano, secretaria general de laAsociación de Mujeres Meretrices de Argentina(Ammar), denunció que, además de la violencia policial,“en los últimos meses se ve un creciente odio de vecinos y vecinas que comienzan a tener acciones, como tirar agua caliente desde los balcones a nuestras compañeras, como decir que ‘la solución’ para las personas en situación de calle es prenderles fuego los colchones, donde la crisis habitacional es una realidad creciente y acuciante”.
Orellano sostuvo que “los discursos de odio están habilitados por las personas que llegaron al poder” y aseguró que “el odio y la violencia crece en los barrios, en una suerte de guerra de pobres contra pobres”, por lo cual llamó a “dejar diferencias de lado, pisar el barro, poner el oído a las compañeras que están pasándola mal y que pasan situaciones como las que pasaban Pamela, Mercedes, Sofía y Andrea en Barracas”.
El periodista y militante del PTS,Tomás Máscolo, advirtió sobre la resistencia que las autoridades educativas nacionales y algunos directivos de escuelas exhiben contra el dictado de la Educación Sexual Integral (ESI). Y agregó: “Día a día veo en compañeros y compañeras la precarización de la vida a la que estaban sometidas las mujeres que vivían hacinadas en un cuarto de hotel en Barracas, donde dos de ellas fueron asesinadas por ser lesbianas. Día a día veo cómo el Gobierno nacional despide trabajadoras y trabajadores estatales, cagándose en el cupo laboral travesti trans”.
Laura, de la Secretaría de Géneros y Diversidad de la Asociación Gremial Docente de la UBA(Agduba), caracterizó como “salvaje y brutal” el ataque de este lunes contra las cuatro mujeres, al que ligó con“las condiciones materiales de existencia de nuestro colectivo”dado que “los discursos de odio calan en un momento en el cual la crisis económica es más fuerte y la crisis habitacional afecta particularmente a las personas LGBTIQ+”.
“Frente a un Gobierno que nos quiere con miedo y encerrados en nuestras casas, estamos en las calles reclamando justicia para este y otros tantos femicidios y crímenes de odio”, dijo Lula, del partido Nuevo MAS, para quien el de Pamela, Mercedes, Sofía y Andrea “no es un ataque aislado, sino que se inscribe en el marco de un Gobierno que viene accionando contra el colectivo LGBTIQ+, que quiere cerrar el INADI y (la agencia de noticias y publicidad) Télam para trazar un cerco mediático, que prohíbe el lenguaje inclusivo y propicia la persecución a las docentes que lo impartimos en las clases, que llama ‘adoctrinadoras’ a quienes dictamos ESI, que busca derogar el aborto legal y derechos laborales y que nos amenaza con protocolos represivos”.
Luego de reclamar “justicia por Pamela y Mercedes”, las dos mujeres asesinadas por Justo Fernando Barrientos este lunes, Laura Velasco, de Barrios de Pie, y Norma Morales, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Utep), dijeron que “los femicidios, los lesbidicios y los travesti y transfemicidios son cotidianos” y acusaron al Gobierno encabezado por Javier Milei de implementar “políticas públicas que refuerzan el odio y nos dejan en un estado de indefensión en materia de derechos humanos, económicos y de género”.
Para ambas referentes, el proyecto de ley Bases pretende “ir contra los derechos previsionales de las mujeres y las personas del colectivo LGBTIQ+”, quienes “no se podrán jubilar y sufren el hambre y la violencia sobre sus cuerpos y los territorios que habitan”.
“Que hayan matado mujeres lesbianas no es un hecho aislado y ocurre en un Gobierno como el de Milei, que esparce su violencia por el mundo, ataca el colectivo feminista y desfinancia todas las políticas de género”, dijo a su turno una joven, quien convocó al colectivo de mujeres y personas LGBTIQ+ a alcanzar en sus futuras movilizaciones la masividad lograda el pasado 23 de abril, cuando ocurrió la Marcha Federal Universitaria contra las políticas de ajuste a las universidades nacionales.
Susana, de la Asamblea Barrial de Flores-hubo una decena de barrios representados, entre ellos el de Barracas, donde ocurrió el ataque-,exigió al Parlamento “detener” las políticas regresivas de la administración libertariay recordó que esa y otras agrupaciones vecinales cuentan con comisiones de género y diversidades, al tiempo que anunció que convocarán a una “asamblea barrial transfeminista” en los próximos días en Plaza de Mayo.
“Enfrentamos una desigualdad cis héteropatriarcal que descarga su violencia sobre los cuerpos feminizadas. Con Milei en el Gobierno y escritores como Nicolás Márquez (NdR: junto a Marcelo Duclos coescribió la biografía oficial del presidente, la que presentó ante un auditorio prácticamente vacío en la Feria del Libro), se termina habilitando y legitimando acciones violentas contra nuestros puertos”, sostuvo Luciana Mina, de Autoconvocatoria Lesbiana, una de las organizaciones de la Convocatoria Federal y Plurinacional No es libertad, es odio. Fue lesbicidio”. Y agregó: “El asesino de Pamela y Mercedes no eligió cualquier otra persona y cualquier otra habitación del hotel. Eligió a cuatro lesbianas para matarlas”.
Consultada por Somos Télam, señaló queen apenas dos días ya son más de 600 lesbianas de todo el país conectadas a través de un grupo de Whatsappcon el propósito de implementar en los próximos días diversas acciones. “Habrá acompañamiento legal porque hasta ahora no se dejó intervenir (en el caso) a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem); queremos que los asesinatos sean reconocidos como lesbicidios; haremos una actividad financiera en apoyo a las compañeras (NdR: Andrea, quien pelea por su vida, y Sofía, quien evoluciona favorablemente); e impulsaremos que este caso gane visibilidad en el Ni Una Menos del próximo 3 de junio”.
En el inicio del acto participó la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria), quien presentó un proyecto de repudio al ataque ante la Cámara de Diputados, una acción que tuvo réplica por parte de ese frente político en la Legislatura porteña.
Romántica desviada / Una casa en llamas
En otro pasaje del acto, Lua, una de las cientos de jóvenes presentes, leyó un poema que escribió al impulso de la “masacre” de Barracas:
Una boca que escupe fuego / Y llueven cenizas sobre mis senos
No combato fuego con fuego / Lo llevo en mis manos
Y encarno en mis letras / Para sostener cuerpes rechazades
Que sueñan compartir colchón / Habitar paredes
Y abrazar con ternura / Sus cuerpos desnudes disidentes
Nos separamos porque no sabíamos dónde ir / Porque el amor no rompe barreras
Las lágrimas no apagan incendios / Y el silencio no protege
Si estallan bombas adentro y afuera / La apreté fuerte contra mi pecho
“Esta es tu casa”, le quise decir / Pero nadie quiere vivir
En una casa sin techo / Que le tengan miedo
Al romance desviado organizado / Somos nosotros quienes sabemos reexistir sin paredes
Mientras el mundo arde / Le escribo canciones de amor a una mujer
Y esa es mi revolución.]]></content:encoded>
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                        <title>Femicidio en Moreno: la familia de la joven víctima afirma que el hombre que la mató tenía todo planeado</title>
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 22:20:04 +0000</pubDate>
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La madre y una hermana de Karen Bustamante, la joven asesinada a golpes y por estrangulamiento en la localidad bonaerense de Moreno, aseguraron que el único sospechoso “tenía todo planeado” para matarla y pidieron Justicia.
En tanto, fuentes policiales confirmaron a Télam que continúa la búsqueda del acusado, identificado como Rodrigo Rivero (21), quien tras el hecho pasó por su cada de Moreno y luego se fue.
“Quiero justicia, que agarren a ese sinvergüenza porque no era amigo de mi hija, lo conoció en el pool”, aseguró esta mañana a la prensa Liliana González, madre de Bustamante (18).
Acompañada por Florencia, otra de sus hijas, la mujer descartó que el joven buscado fuera conocido de Karen: “Vimos en Facebook que se dedica a vender pastillas y cosas. Mi hija estaba medicada con psicólogos y psiquiatras y tomaba pastillas”, expresó.
En tanto, Florencia señaló que Rivero “tenía todo planeado porque la llevó a ese lugar” -un predio abandonado- y en las filmaciones quedó registrado como “agarró una piedra -con la que luego golpeó a la víctima- y se la guardó”.
“La madre nos dijo que no es la primera chica a la que le pega, que siempre fue violento, que tiene varias denuncias y que estuvo detenido”, agregó la hermana de la víctima.
Al respecto, fuentes policiales confirmaron a Télam que Rivero estuvo detenido en el marco de una causa por robo.
Finalmente, la mamá de Karen expresó entre lágrimas: “Mi hija me acompañaba a la feria los fines de semana, estudiaba Derecho, era mi mano derecha, mi todo”.
El femicidio de Bustamente ocurrió el pasado lunes cerca de las 5.30 frente a un salón de fiestas deshabitado, situado en calle Rivadavia, entre Concejal Rosset y Tucumán, en pleno centro del partido de Moreno.
La clave de la investigación para determinar lo sucedido está en una serie de videos recopilados por los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez y de la comisaría 1ra., a través de los cuales se descubrió que la víctima y el asesino se conocían, aunque no se sabe desde cuándo, y que habían pasado toda la noche juntos.
“Vinieron de la zona de Merlo, donde estuvieron en un pool del que los echaron por algún incidente. De ahí se tomaron un colectivo y llegaron al centro de Moreno, donde durante varias horas recorrieron distintos bares y pooles”, dijo a Télam un investigador judicial.
Según la investigación, cerca de las 5 de la madrugada una cámara de seguridad captó una secuencia que dejó claro a los investigadores que entre ellos hubo algún problema.
En las imágenes se ve cómo el hombre se aleja a paso apurado y recoge de la calle una piedra o trozo de baldosa desprendido de una vereda que guarda en uno de sus bolsillos, mientras que la mujer lo sigue de atrás a cierta distancia.
Luego, toma una botella de vidrio, que luego apareció destrozada en la escena del crimen y con la que se cree que mató a la joven.
Finalmente, se observa que el hombre descartó en un cesto de basura un trozo de baldosa ensangrentado envuelto en una bolsa de arpillera, que fue secuestrado por los peritos y se cree fue el objeto contundente con el que golpeó a la víctima en la cara y la cabeza.
“Tenemos una última secuencia de videos donde vemos que al asesino subir a un colectivo para el lado de Luján, pero del que se bajó a las ocho cuadras, y comenzó a caminar con rumbo errático hasta que lo perdemos de vista”, dijo a Télam otro de los investigadores.
El caso se descubrió pasadas las 7 de la mañana, cuando una mujer trans se acercó a la entrada del salón de fiestas abandonado y encontró el cadáver de la víctima.Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que viva situaciones de violencia, comunicate con la Línea 144 de atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp +5491127716463.]]></content:encoded>
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                        <title>A siete años del primer Ni Una Menos, siguen los reclamos para erradicar la violencia de género</title>
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 22:18:56 +0000</pubDate>
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Este año se cumple el séptimo aniversario de una movilización que marcó la lucha feminista en la argentina. Para conmemorar la fecha, organizaciones feministas, partidos políticos y familiares de víctimas de femicidios vuelven a marchar en todo el país con la consigna Ni Una Menos, en reclamo de justicia por los crímenes que siguen impunes y medidas para erradicar las violencias de género.
Ni Una Menos surgió de un grupo de intelectuales y periodistas que veían cómo día a día se mataban a mujeres de una manera cada vez más cruenta. En mayo de 2015, Chiara Páez, una chica de 14 años de Santa Fe estaba desaparecida. Después de unas horas de búsqueda, dieron con su cuerpo enterrado en el fondo de la casa del abuelo de su novio, el victimario. Fue ese crimen en que provocó el grito masivo.
El movimiento Ni Una Menos que se expandió por el mundo también fue parte de grandes conquistas a lo largo de estos siete años. También fueron las impulsoras del primer paro de mujeres, en octubre de 2016, un paro que luego se sucedió en diferentes países del mundo.
Ampliación de políticas
La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, realizó una evaluación de los dos primeros años del Plan Nacional contra las Violencias ante la Cámara de Diputados. Allí aseguró que se necesita “ampliar el alcance de las políticas contra las violencias de género en el país” y “promover que haya ministerios en las provincias con más presupuesto” con compromiso de los gobiernos locales y los poderes del Estado “para avanzar en lo que nos falta”.
“Este plan fue más que un plan: fue un cambio de paradigma porque sabíamos que necesitábamos, además de trabajar en el caso concreto y en la emergencia, atacar la matriz cultural que legitima las violencias, ir por las condiciones estructurales que posibilitan su reproducción”, aseveró la ministra.
El registro de la Justicia
Uno de los reclamos en 2015 era la creación de un registro que permitiera conocer la cifra de femicidios. Ese registro se creó meses.
Este año, a nivel nacional, la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia reveló que durante 2021 hubo 251 femicidios, a un promedio de uno cada 35 horas. La cifra es un 13 % menos a los casos registrados en 2020.
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) reportó que en ese período atendió 8.741 denuncias por violencia doméstica, un 18% más que en 2020, y recibió 7.339 consultas, un 36% más que el año anterior.
Mayo, un mes con menos femicidios
Durante el mayo se cometieron 17 femicidios en todo el país, según dio a conocer el Observatorio de Femicidios en Argentina, “Adriana Marisel Zambrano” que coordina la Asociación Civil de la Casa del Encuentro.
La cifra representa el número más bajo de asesinatos motivados por cuestiones de género en todo el año. Según la organización, que realiza sus estadísticas propias al igual que otras entidades como Ahora que Así Nos Ven (AQSNV), MuMaLá y el Observatorio Lucía Pérez, la cantidad de femicidios en el último mayo se redujo respecto a meses anteriores, ya que en enero se habían contabilizado 31 asesinatos, en febrero 23, en marzo 30 y en abril 29.
De este modo, se registran 127 femicidios y 3 trans-travesticidios durante los primeros cinco meses del año. Esos femicidios provocaron que 147 hijos e hijas se quedaran sin sus madres.
Las víctimas tenían entre 19 y 50 años, que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y principalmente en sus propias casas. Del total, 36 mujeres fueron asesinadas producto de un impacto de bala, 27 como consecuencia de una herida de arma blanca, mientras que 22 fueron golpeadas por su agresor.
Otro aspecto que destaca el relevamiento de La Casa del Encuentro es que en 30 oportunidades las víctimas habían realizado una denuncia contra su agresor, de los cuales 5 femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención.
Con respecto a los asesinos, 8 de ellos formaban parte de una fuerza de seguridad, mientras que 17 de los autores se suicidaron tras cometer el hecho.
Por otro lado, el observatorio contabilizó 8 femicidios vinculados de varones en los primeros cinco meses del año.
Las medidas en PBA
Alrededor de quince programas fueron destinados a eliminar la violencia de género, que abarca desde la contención de las mujeres y LGTBI+ en situación de violencia de género, al fortalecimiento de la línea telefónica de denuncias y el monitoreo de los agresores a través de dispositivos electrónicos, entre otros, le permitió a la provincia de Buenos Aires reducir el número de femicidios durante 2021, con respecto a 2020.
Mientras en 2020 hubo 94 víctimas directas de femicidio en la provincia de Buenos Aires, en 2021 esa cifra se redujo a 73. El informe oficial destaca que la caída del 8 por ciento observada en el número de femicidios directos “se debería en principio a la disminución de casos en la PBA”.
En el caso de la PBA, en el marco del Programa de Abordaje y Monitoreo Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo de las Violencias por Razones de Género (VPRG), la cantidad de dispositivos duales electrónicos (DDE) colocados se incrementan 10 veces desde diciembre del 2019 a la actualidad. A esa fecha, la suma de dispositivos duales era de 52, y actualmente es de 516, por citar un tipo de medidas implementadas, detalla el informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Uno de los programas es la Línea 144, que en 2021 atendió 16.416 llamadas por violencia de género; también el Registro Único de Casos (RUC); las Mesas Locales intersectoriales en más de 120 municipios y el Programa Mesas Intersectoriales de Pueblos (MiPueblo).
El MiPueblo busca fortalecer redes institucionales y con organizaciones para trabajar en la creación de dispositivos que acompañen a mujeres y LGTBI+ atravesadas por situaciones de violencias en el ámbito rural, isleño o lugares de menor densidad poblacional. Se trabaja para llegar a 2.200 pueblos.
También está el Programa de Abordaje Integral ante Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios (PAIF) y el Programa de Abordaje y Monitoreo Electrónico de Situaciones de Alto Riesgo de las violencias por Razones de Género, que pasó de entregar 52 tobilleras a un total de 561.
Además, están el Programa Mariposas, que propone la construcción de una memoria colectiva contra las violencias por razones de género; la existencia de un Fondo de Emergencia; el programa Yendo, destinado a jóvenes, y el Programa Comunidades Sin Violencias, que busca fortalecer los equipos locales de políticas de género.
Comunidades Sin Violencias se encarga de construir o remodelar hogares para la protección de mujeres y familias en situación de violencia y desarrollar vías de acceso al trabajo para mujeres y LGTBI+.
También se logró armar una red de Hogares de Protección Integral (HPI) y Casa Abiertas, integrado por 75 hogares en toda la provincia; y el Programa Mar para Todas, que promueve el derecho de las mujeres y diversidades sexuales en situaciones de violencia de género al tiempo libre, al esparcimiento y la recreación, mediante viajes de turismo social e igualitario en complejos vacacionales estatales, que este verano alcanzó a 573 personas.
Otro programa es Acompañantes en Red, que se trata de una persona física y/o jurídica que asume el acompañamiento solidario de quien se encuentra en situación de violencia y que lo hace en el marco de redes; el programa Masculinidades, que incluye la Línea Hablemos, de escucha y derivación para varones que ejercen violencia; y el trabajo en Espacios de Atención para varones que ejercieron violencia de género y la Mesa Intersectorial Provincial.
El pedido por declarar la emergencia de género
Más de 140 mil personas acompañaron el petitorio lanzado por la organización MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana para que se declare la emergencia nacional en violencia de género.
Desde el primer Ni Una Menos hasta ahora se cometieron aproximadamente 2000 femicidios. La iniciativa fue lanzada hace 3 años en la plataforma Change.org (http://change.org/emergencianiunamenos), y hasta el jueves por la tarde 141000 personas habían firmado su adhesión para que se reasigne “un presupuesto acorde a la urgencia” y que se focalicen “los esfuerzos para combatir las violencias”. “¿Sabías que en Argentina matan a una persona cada 29 horas a causa de la violencia machista? ¿Y que a raíz de esta situación un alto porcentaje de niñes quedan huérfanxs, en total estado de vulnerabilidad?”, dice la petición.]]></content:encoded>
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                        <title>Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el fallo que garantiza el derecho al aborto</title>
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 22:17:48 +0000</pubDate>
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La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el derecho al aborto. Lo hizo al anular el fallo del caso Roe vs. Wade, la histórica resolución que en 1973 legalizó ese derecho en todo el país.
La decisión de los magistrados fue en respuesta al pedido del estado de Mississippi en su intento por prohibir la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) después de la semana 15 de gestación. La medida preocupa no sólo porque echa por tierra los derechos conquistados por las mujeres estadounidenses, sino también por su impacto global.
Cinco de los seis jueces conservadores de la Corte Suprema estadounidense, de nueve miembros, votaron a favor de la revocación de la sentencia Roe vs. Wade de 1973.
A partir de ahora el derecho al aborto lo determinarán los estados. Ya es sabido que casi la mitad de los estados aprobaron o aprobarán leyes que prohíben el aborto, en tanto que otros promulgaron medidas estrictas para regular el procedimiento. Hasta el momento, según el Instituto Guttmacher, al menos 21 estados tienen ya leyes o enmiendas constitucionales que les harían intentar prohibir el aborto.
El fallo representa un triunfo para los sectores que durante décadas intentaron devolver poder a los estados en esta materia. La mayoría conservadora del Tribunal lo hizo posible. Y el documento resultó muy similar al borrador filtrado a principios de año, que ya había encendido las alarmas sobre la prohibición de este derecho en el país del norte.
«Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo», escribió Samuel Alito y agregó que «la conclusión ineludible es que el derecho al aborto no está profundamente arraigado en la historia y las tradiciones de la nación”.
Mientras se espera que los estados republicanos aprovechen el aval que les da este fallo para ilegalizar el aborto, se aguarda también por parte de la administración demócrata de Joe Biden medidas para sortear las restricciones de acceso al aborto por medicamentos, así como los recursos por vía judicial en contra de leyes estatales que penalizan los viajes a otros estados para someterse a la práctica.
En la sentencia se pide también que se reconsideren otros precedentes, como el derecho a la contracepción, a las relaciones entre personas del mismo sexo y al matrimonio igualitario. Las sentencias que dieron carta de naturaleza a todos esos derechos civiles, igual que en el caso del aborto, están sostenidas en la decimocuarta enmienda, la que garantiza la intimidad.
Tras el fallo, el presidente de Estados Unidos expresó que la Corte Suprema de su país cometió un «error trágico». Dijo que «es un día triste para la Corte y para el país» porque «la Corte ha hecho lo que nunca antes había hecho, eliminar expresamente un derecho constitucional que es tan fundamental para tantas estadounidenses, que ya había sido reconocido. La decisión de la Corte de hacerlo tendrá consecuencias reales e inmediatas».
Desde organizaciones abocadas a los derechos no tardaron en alertar sobre la gravedad de la sentencia de la Corte estadounidense. “Ahora, millones enfrentan un escenario en el que no podrán tomar decisiones personales que afectarán sus cuerpos, su futuro y el bienestar de sus familias. Este fallo impacta en todas y cada una de las personas en los Estados Unidos, independientemente de su capacidad para quedar embarazada”, dijo Tarah Demant, directora nacional Interina de Programas, Defensa y Asuntos Gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron, también se pronunció sobre el tema. «El aborto es un derecho fundamental para todas las mujeres. Hay que protegerlo. Manifiesto mi solidaridad con las mujeres cuyas libertades son cuestionadas hoy por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América», escribio en su cuenta de Twitter.]]></content:encoded>
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                        <title>«En Argentina, una de cada cinco personas que tiene VIH no lo sabe»</title>
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 22:16:40 +0000</pubDate>
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Ocho de cada diez personas con VIH tienen dificultades para hacer público su diagnóstico en la Argentina. Así lo establece un estudio acerca del Índice de Estigma y Discriminación en relación a este virus realizado por la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) junto con el Ministerio de Salud de la Nación y el Inadi. Las poblaciones con VIH más afectadas son las mujeres trans (18%), las de pueblos originarios (54%) y las migrantes internas (48 por ciento).
Para hacer visible la problemática y buscar una mejor cobertura integral, se presentó semanas atrás en el Congreso un proyecto de ley que lucha por ser tratado en medio de los cruces cotidianos entre oficialismo y oposición.
Uno de sus principales impulsores es Franco Bova. Médico y docente de la UBA, sigue su formación como pediatra en el Hospital Garrahan y coordina el área de Salud de la Asociación Ciclo Positivo, pero es ante todo activista. Se dedica a causas de salud de personas en situación de mayor vulnerabilidad. En 2020 fue seleccionado por la Sociedad Internacional de Sida como uno de los cinco embajadores de la campaña Youth Voices por el proyecto Indetectable=Intransmisible: de Ushuaia a La Quiaca».
«Cuando una persona con VIH toma su tratamiento y mantiene la carga viral indetectable durante más de seis meses, ya no transmite el virus por vía sexual. El 98% de las transmisiones en Argentina son por esta vía. Si todas las personas pudieran acceder al diagnóstico, tratarse y lograr la carga viral indetectable, podríamos eliminar la transmisión del VIH. Está estudiado que cuando se difunde esta información, la discriminación baja y hoy en día es el principal problema de vivir con VIH en Argentina: la expulsión de la familia, el desempleo o la precarización, el miedo a tener pareja», resalta.
–¿Cuáles son las razones más urgentes para que se sancione el proyecto?
–Las razones van más allá de las cuatro personas que todavía pierden la vida por día debido a causas relacionadas al sida. Son esos cientos o miles que todavía no conocen su diagnóstico. En Argentina, una de cada cinco personas que tiene VIH, no lo sabe. Por ende, no pueden tomar decisiones. Sigue muriendo gente por tuberculosis todos los días. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes somos las personas que más nos infectamos con el bacilo de la tuberculosis, que es una enfermedad que requiere de tratamientos muy agresivos. La disponibilidad para el diagnóstico no es la mejor, las infecciones de transmisión sexual (ITS) están abordadas desde una perspectiva machista y culpabilizante. Todas las personas estamos expuestas a las infecciones. Exigimos a los diputados y las diputadas que por favor hagan su trabajo y piensen en la gente. Ninguna política pública ha sido efectiva, es necesario cambiar las cosas de raíz. Sobre todo porque las muertes por sida son estables hace más de diez años.
–¿Hoy qué sector de la población se encuentra en mayor vulnerabilidad?
–Ante la ausencia de políticas públicas, me sale el pediatra de lo más profundo de mi ser. Está fuertemente difundido por la OMS o Unicef que las personas en mayor vulnerabilidad son los niños, niñas y adolescentes, y también jóvenes adultos de entre 15 y 24 años. No hay políticas públicas específicas. La transmisión vertical –de una persona gestante a su hijo/a durante el embarazo o lactancia– debería estar eliminada en Argentina y en todo el Cono Sur. Hoy están todas las herramientas teóricas. Sin embargo, de cada cien embarazos de personas con VIH, cuatro van a nacer con el virus, y eso es un fracaso del Estado. El proyecto de ley hace visibles a estas personas que están olvidadas en la epidemia desde que empezó, y son las que más se mueren. Como pediatras, nos desespera ver la transmisión vertical. Son personas que tienen vulnerado no solamente el derecho a la salud desde antes de nacer, por haber adquirido el VIH siendo evitable, sino que suele haber una interseccionalidad con la pobreza, mujeres violentadas, familias marginalizadas, o personas que al conocer su diagnóstico son violentadas por falta de información. Estas situaciones se ven todos los días. Y cuando llegan a la adultez, tienen que dejar el hospital pediátrico y de repente ir a un polivalente de agudos a sacar un turno, con lo agresiva que es la burocracia del sistema de salud. Todo ese desafío hace que después, el tratamiento fracase. Esta ley propone la creación de programas de transición como también la cobertura de la leche de fórmula, que es carísima. El otro gran problema es que no contamos en Argentina, ni en otras partes del mundo, con formulaciones pediátricas. Las investigaciones pediátricas y la transmisión vertical son otras de las patas fuertes de la ley.
–Una vez sancionada, ¿cuál será el impacto cotidiano?
–El impacto de las leyes en la sociedad siempre lleva tiempo. Pero vamos a hablar de VIH y no es algo menor. Las personas tienen miedo de hablar. Esto va a recordarnos que el VIH vive en la sociedad, las hepatitis, tuberculosis o las ITS. Si es una ley nacional, significa que es un problema urgente en medio de una crisis sanitaria, económica y humanitaria mundial. Las personas con VIH van a sentir que el Estado se acuerda de ellas, será un abrazo, una esperanza, una motivación para tomar todos los días el tratamiento. Si no tengo VIH o creo que lo tengo y no me animaba, me voy a ir a hacer un test. Va a ser una tranquilidad para una madre. Nos va a hacer bien como sociedad, necesitamos esta ley para ampliar derechos. «]]></content:encoded>
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                        <title>Natividad Obeso: “Lo que cambió es que se ha roto el silencio de la mujer migrante”</title>
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 22:15:32 +0000</pubDate>
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“¡Boliviana de mierda! ¡No mirás cuando caminás!”. Esa frase le gritaron a Marcelina Meneses el 10 de enero de 2001 al subir en la estación Ezpeleta del tren Roca. Llevaba a upa a su bebé Joshua, de diez meses, y varias bolsas. Nadie le dio el asiento ni le hizo lugar en el vagón, por ese motivo rozó al hombre que la insultó. A ese insulto se sumaron otros, incluido el del guardia del ferrocarril, hasta que alguien empujó a Marcelina y a su bebé del vagón y así los mataron.
Varias personas estuvieron ahí y vieron lo que pasó. Pero solo una lo contó. La empresa TMR (Transportes Metropolitanos Roca) negó los hechos y la causa se cerró. Doce años después, la Legislatura porteña, a partir de la Ley 4409, declaró el 10 de enero el Día de las Mujeres Migrantes.
Desde ese terrible episodio cambiaron muchas cosas para las y los migrantes en la Argentina. En enero de 2004 se aprobó la Ley de Migraciones (25.871), militada especialmente por mujeres que llevaban años violentadas por el sólo hecho de no haber nacido en la Argentina. “He sufrido todas las violencias. Por eso, nosotras en la organización damos siempre alguna respuesta”, dice Natividad Obeso, presidenta de la Asociación Civil Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (Amumra) que funciona desde 2001.
Amumra nació por impulso de un grupo de mujeres migrantes peruanas que peleaban por el derecho al acceso de la educación superior de sus hijos. Entre ellas estaba Natividad, quien había llegado a la Argentina en 1994 como perseguida política. En su pueblo, Cajamamba, era empresaria de la industria cervecera y tenía una buena situación económica. Al huir hacia Argentina tuvo que enfrentarse a un sinfín de situaciones basadas en la discriminación.
“En los 90&#8242; nosotras caminábamos y la policía nos detenía. A mí me encerraron en una comisaría, me hicieron hacer la limpieza y me liberaron a las 24 horas. Eso ahora no existe”, cuenta. “Cuando sucede nos llaman las compañeras y ahí vamos a exigir nuestros derechos de acuerdo a la Ley 25.871. Pero el panorama con las trabajadoras no ha cambiado. Las mujeres migrantes siguen trabajando en la informalidad, en la peor precariedad y su salud cada día se deteriora. No hay mucha ayuda ni apoyo a estas mujeres que son en su mayoría las trabajadoras de casas particulares”, describe la directora de Amumra.
Destaca lo necesario que es el acceso a la información de esos derechos y que las mujeres no están al tanto y que el Estado ni las organizaciones políticas se ocupan. “Las organizaciones no empoderan a las mujeres migrantes”.
El primer eslabón de trabajo para las mujeres migrantes es el trabajo en casas particulares. “También fuimos activas en la aprobación de la Ley 26.844, de trabajadoras de casas particulares. Muchas mujeres no están al tanto de todos sus derechos pero saben que la ley existe” y agrega, “lo que sí vemos que cambió es que ahora al menos levantan voz. Se ha roto ese silencio de la mujer migrante”.
El aporte económico de las mujeres migrantes en materia de cuidados no se visibiliza. “¿Quién cuida a las que cuidan? Seguimos teniendo más del 70% de trabajadoras de casas particulares”, afirma. “Tampoco se visibiliza que muchas de ellas legaron hace años y que luego trajeron a sus familias para estar juntos. Ese dinero ya no se va del país, se origina acá y se queda acá. Eso nunca se dice”, agrega.
Para Obeso, falta también aportar en la representatividad. “Tenemos un Ministerio de las Mujeres con un Consejo con todos los sectores representados menos las migrantes. En la Defensoría no hay un espacio para migrantes, pero sí para colectividades. Las colectividades no migran, migran las personas”.
Y destaca: “hay una idea de que el migrante viene a vivir gratis. No es así. Para vivir gratis y en malas condiciones me vuelvo a mi país. Venimos a trabajar, a que nuestras vidas sean mejores. Muchas veces los problemas no están solo en los gobiernos. Si no que hay cierta perversidad en la sociedad civil”.
La violencia institucional es algo que, según afirma Natividad, se intensifica cada tanto. “Es una violencia demasiado perversa para las comunidades peruanas, bolivianas, paraguayas y para los senegaleses. Pero ahora podemos hablar de violencia institucional, antes no podíamos era tabú”
Recuerda que el único presidente que las escuchó fue Néstor Kirchner, cuando estaban trabajando la ley. “Nos escuchó y no nos mintió. Dio dignidad al migrante. Después, en el gobierno de Macri sacaron ese decreto terrible, el 70/2017. Yo les decía a mis compañeras, ‘derogarán la ley por encima de mi cadáver’. Porque yo no lo iba a permitir. Padecí mucho cuando llegué y no estoy dispuesta a que le suceda a ninguna otra mujer migrante”.
Un registro de experiencias
Amumra presentará Voces de mujeres migrantes y refugiadas, la realidad de migrar en la próxima edición de la Feria del Libro.
«Nuestra herramienta más importante es la comunicación, hacemos un trabajo de base y en territorio», enfatiza Obeso.
En la web www.amumra.org.ar está registrado el trabajo que realizan y las sedes de la organización. También se pueden comunicar a través del IG: @amumraddhh, al WhatsApp 11 6330-0000 o al FB /mujeres.migrantas.]]></content:encoded>
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                        <title>La ley que todes tenemos que conocer</title>
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 22:14:24 +0000</pubDate>
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En CABA hay una ley desde el 2009, la 3.330, que dice que se debe garantizar a los habitantes de la Ciudad la existencia de “un mínimo de ocho talles correspondientes a las medidas corporales normalizadas en las Normas IRAM de la serie 75300 –que representan cuerpos europeos, porque en general las normas IRAM tienen estándares europeos para cualquier tipo de parámetro- y sus actualizaciones, en los establecimientos comerciales cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea la venta, fabricación o provisión de indumentaria”.
Y la realidad es que vemos que no se cumple. Muchas veces vas a comprar ropa y te dicen que sólo hay talle único, cuando la reglamentación vigente establece que tiene que haber un mínimo de ocho talles. Además, tiene que haber una tabla de medidas corporales normalizadas para ser consultadas por el público, cosa que tampoco se cumple.
Por otra parte, es una ley que quedó vieja comparada con la nacional que ahora está siendo reglamentada. El INTI está llevando adelante un estudio antropométrico, del cual participé como voluntaria, a partir del cual se va a elaborar una tabla de talles adaptada a los cuerpos argentinos; y no a estándares europeos como plantea la ley de la Ciudad.
Hoy cualquier persona que entra a un local de ropa debería tener una tabla de medidas estandarizadas a la vista para poder consultar los talles. En el caso de no contar con todos los talles, el consumidor debería pedir el libro de quejas y dejar asentado que no se respeta la ley de talles, además de realizar la denuncia correspondiente.
Pero si una busca dónde hacerla, te encontrás con que no hay ningún número publicado en ninguna página oficial del Gobierno de la Ciudad para tal fin. Una persona que quiere comprar ropa y no encuentra su talle, está totalmente desamparada.
Entonces, hoy, a pesar de contar en la Ciudad con una ley de talles, no se está cumpliendo nuestro derecho a vestirnos y a poder disfrutar de la moda sin importar cómo sean nuestros cuerpos.
Por eso, junto a mi compañera de bloque Victoria Montenegro y la activista y modelo XL Brenda Mato nos pusimos a trabajar durante este año en el cumplimiento de esta ley en CABA, que ya la tenemos reglamentada desde el año 2012.
A partir de esto surgió la idea de realizar un pedido de informes, que presentamos con Victoria en la Legislatura porteña, para saber si se habían recibido denuncias, si la ley se estaba cumpliendo, si se había realizado desde el GCBA algún tipo de inspección. Y la respuesta del Ejecutivo fue contundente: básicamente no se hizo nada.
No hay denuncias, no se está llevando a cabo ningún tipo de control, tampoco hay casos de fabricantes e importadores de indumentaria que hayan recibido denuncias o que hayan sido auditados por el gobierno porteño. Así que podemos decir que por ahora es una ley que está sólo en el papel; no se cumple porque no se controla ni tampoco es conocida por la ciudadanía.]]></content:encoded>
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                        <title>“Los movimientos feministas nos otorgan libertades a los varones”</title>
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 22:13:16 +0000</pubDate>
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En 2018 se fundó el Instituto de Masculinidades y Cambio Social donde convergen sociólogos, antropólogos, una comunicadora social y politólogos que tienen diferentes líneas de trabajo. Entre esos profesionales está el psicólogo Ignacio Rodríguez que también es Coordinador del Programa de Masculinidades de la Secretaría de Género y DDHH de la Municipalidad de Rosario e integrante del Área de Género y Sexualidad de la UNR.
Rodríguez es militante territorial y trabaja en un dispositivo de atención con varones que ejercen violencia de género. Desde allí reflexiona acerca de qué se trata hablar de masculinidades.
–¿De qué se habla cuando se habla de nuevas masculinidades?
–El concepto de nuevo no nos gusta mucho porque lo que plantea más es una revisión de la masculinidad tradicional, después la construcción que cada uno hace de la masculinidad tiene que ser libre del mandato de su masculinidad normativa o hegemónica. Estamos un poco dejando el término de nuevas masculinidades, sino masculinidades en plural porque hay tantas expresiones de masculinidades como varones que somos. Hay que romper con ciertas estructuras de una masculinidad que no acompañe a la época ni a los movimientos.
–¿Qué debates se ponen en juego o aparecen en esas inquietudes y charlas y encuentros que tienen ustedes en esos espacios?
–La pregunta rectora que aparecen en estos espacios es qué hacemos los varones ante los movimientos feministas, y lo que primero surge es esto de mirar hacia adentro y no calificar ni estigmatizar estas violencias extremas de acontecimientos que han tenido repercusión recientemente como algo ajeno a la construcción de la masculinidad. Más allá de que ninguno en forma singular puede llegar a una violencia hasta ese extremo. Pensar en qué medida la reproducimos en nuestros vínculos violencias o desigualdades en un montón de áreas, entonces en este espacio de reflexión se trabaja sobre reconocer cómo los mandatos y los privilegios de la masculinidad nos atraviesa y son una forma de padecimiento para los varones y para las personas con las que los varones nos relacionamos.
–Hay una intención de interpelarse, ¿cómo se manejan esas cuestiones que aparecen en la interpelación?
–La demanda es muy diversa. En este espacio de reflexión y construcción es también revisar la historia para ver en qué momento naturalizamos ciertas prácticas como asociadas a nuestra posición de varones. Esos momentos de nuestra historia, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo que hemos tenido que demostrar para ser varones.
–¿Cómo juegan en estos espacios los debates antifeministas?
–Son discursos que están en un nivel de sentir que la ampliación de derechos de las mujeres va en detrimento de los derechos de los varones. Es como una cuestión competitiva como si estuviéramos perdiendo derechos porque las mujeres los ganan. Lo que planteamos es una posición más integral de pensar que los movimientos feministas también nos otorgan libertades a los varones. Que renunciar a nuestros privilegios nos permiten unas elecciones ya sea sexuales o de identidad más libres de mandatos. Es un desafío tanto para el instituto y para quienes trabajamos con varones, interpelar esos movimientos más reaccionarios, pero son emergentes que no sólo se dan en cuestiones género.
–¿Cuál es el tipo de trabajo que se puede hacer cuando te enfrentás con varones que cometieron violencia de género?
–Tratamos de no generar un espacio pedagógico y no punitivo. Sehace difícil prescindir de toda escucha moral y desarmar ese discurso y esa forma de construcción escuchando algunas situaciones de violencia. Implica mucho trabajo entre pares y su producción entre pares, es empezar a desarmar esos discursos y apelar a la resolución de conflictos teniendo como base el consentimiento, el acuerdo, el diálogo. Muchos de los varones que hemos sido socializados hemos sido socializados para resolver los conflictos en forma violenta. El primer recurso es generar espacios de diálogo y eso empieza a romper ciertos mandatos masculinos.
–¿Cuál es el rol del Estado en esta construcción de masculinidades?
–El Estado tiene que pensar en brindar el acceso a los derechos de la manera más integral posible y el Estado ha generado -deficiente o no-, respuestas a quienes sufren una situación de violencia de género. Pensar una política integral tiene que incluir necesariamente a quienes la ejercen, en este caso, somos la mayoría varones. Una política con una mirada amplia tiene que entender la perspectiva de género en términos relacionales. Son dos las partes del conflicto más allá de que hay alguien que lo padece o lo ejerce.
Cuestionar la forma de existir como varones
La violación grupal en Palermo abrió varios debates en torno a la masculinidad. Al respecto, Rodríguez afirma. “Si nomenclamos este hecho como monstruoso patológico, dejamos de verlo como un emergente social. Y me parece interesante pensarlo no como un emergente de algo fortuito y desafortunado sino como parte de nuestra constitución como varones. Sí es necesario que como varones condenemos y repudiemos todo eso, pero no indicándonos como pasó con unas personas con las que no me siento representado, porque ¿en qué medida reproduzco algunas complicidades, algunos silencios o algunas ciertas reproducciones de violencia entre amigos? Hay una parte de la sociedad que tiene una intención de mayor reflexión sobre esto. En todos los medios se dejó de llamar “manada” porque le ponemos una nomenclatura animal a algo que es una conducta de seres humanos. No sé si este término se ponía en discusión diez años atrás. Me parece hay algunos cambios que se empiezan a jugarse a nivel de los significantes, para definir este tipo de situaciones.”]]></content:encoded>
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                        <title>Cómo son las “terapias de conversión” en la Argentina: las historias y la falta de legislación</title>
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 22:12:09 +0000</pubDate>
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“Dios me mostró que la próxima vez que te alejes te va a agarrar sida y te vas a morir”.
Leonel estaba por salir de la iglesia, ya cerca de la puerta, cuando escuchó que el pastor Cristian Méndez lo llamaba. Entonces, el pastor le dijo que dejara de “jugar con estar con un pie en el mundo y un pie en el camino de dios”. Y entonces lanzó esa frase, que parecía más una amenaza, o un mal augurio. Leonel tenía 15 años, hacía unos meses que había llegado al Centro Cristiano Dios es Amor. Quedó quieto, helado. Y pensó que era cierto, que debía cambiar.
Por unas semanas había dejado de ir a la iglesia por una “recaída”. “Te hacían sentir culpa si estabas con un chabón”, cuenta ahora, después de casi doce años. El pastor Méndez es evangélico pentecostal y aún dirige esa iglesia junto a la pastora Jorgelina Montero. En el último tiempo ganaron tantos adeptos que se mudaron a un lugar más grande, un predio que antes era un boliche bailable: Rodríguez 887, pleno centro de Tandil, una ciudad turística de las sierras en la provincia de Buenos Aires.
Lo primero que se ve al entrar en el edificio es un hall enorme, dos escaleras a los costados, arriba una especie de bandeja que ocupa la mitad del salón. En cada esquina, hay personal de seguridad vigilando que nadie se acerque al pastor y a los sitios vedados al público. La otra mitad de arriba está descubierta para que se pueda ver el escenario, donde ocurre la prédica, los gritos, los “exorcismos”.
Era 2011. Leonel tenía problemas en su casa, en la escuela, con su pareja. Buscaba refugio. Una amiga le dijo que ahí pasaban cosas raras, que tenía que ir. Lo recibieron con abrazos y mucha alegría, hasta que supieron más de él. Un día llevó a su novio ante el pastor, a una consejería, a solas. Quería ver si podía orar por ellos.
“Esta relación no es de dios”
“Le comenté mi situación: ‘Él es mi pareja, estamos mal’. Yo de pendejito ingenuo e inocente, como lo había visto muy paz y amor, muy gente buena que aceptaba todo, me pensé que me iba a decir: ‘Bueno, está todo bien, voy a orar por ustedes, los voy a aconsejar’. Y no, el tipo agarró, abrió la biblia y dijo: ‘Esta relación no es de dios’, la biblia habla esto, esto y esto de la homosexualidad. Y le empezó a preguntar al que era mi pareja en ese momento si él había sido abusado de chico, cómo era su relación con su padre. Todas cosas que el pastor creía que podrían haber sido motivo de que él terminara siendo homosexual”.
Ese día se terminó la relación. Leonel les creyó: “Hacían exorcismo. Todo con imposición de manos. A los gritos. Lejos de dudarlo, me creí todo. Yo lo veía en las películas. Pensaba: él no quiere cambiar, no quiere dejar de ser gay. Le corté. Estuve semanas llorando, deprimido. Estaba haciendo el duelo para matar esa parte de mí, mis deseos, el volver a estar con un chico. Ellos le llaman morir a los deseos de la carne y el yo. Así que básicamente acepté lo que ellos me dijeron y entré en ese proceso”.
Tenía que dejar de mirar y hablar con chicos, alejarse de “las juntas”, de sus amistades, de su familia. Dejar de escuchar música que el pastor decía “mundana” (Arjona, Evanescence, The Rasmus). Entonces, alejado de todo, le quedaba muchísimo tiempo para servir en la iglesia. Empezó a manejar los micrófonos, y llegó hasta las redes sociales del pastor. También juntó cartón con otros chicos y se quedó jornadas enteras pintando el nuevo edificio. Sin ningún tipo de retribución económica.
Leonel lo supo nueve años después, cuando logró salir: en ese momento, siendo menor de edad, fue víctima de las “terapias de conversión”.
¿Qué es una “terapia de conversión”?
“Una ‘terapia de conversión’ es cualquier esfuerzo sostenido en el tiempo que procure modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, con un fin predeterminado: siempre ir de la no heterosexualidad a la heterosexualidad. O impedir que una persona transicione, o si ya transicionó que detransicione”, explicó a Presentes Lucas Mendos, abogado, docente e investigador, especializado en derecho internacional de los derechos humanos y diversidad sexual y de género.
Presentes pudo confirmar que en Argentina siguen existiendo estas terapias que buscan “convertir” a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Sin embargo, ni el Estado nacional ni ninguna organización de derechos humanos ha sistematizado aún cuántas organizaciones las ejercen, cómo y a cuántas personas ya afectaron.
“Es muy poco lo que se sabe en la Argentina y lo que está documentado.Hay una cierta naturalización de esas cuestiones que pueden ser muy sutiles”, explicó aPresentesRicardo Vallarino, Director Ejecutivo de la organización 100% Diversidad y Derechos.
Las llamadas terapias fueron nombradas por el relator LGBT de la ONU como Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIEG).
Pablo Salum es el fundador de la Red Libre Mentes, y acompaña a víctimas y familiares de lo que llama organizaciones coercitivas (lo que comúnmente se conoce como “sectas”). Él mismo fue víctima de una. Según lo investigado por Salum,es muy variada la gama de camuflajes en que se esconden estas “terapias de conversión”: aparecen detrás de actividades populares como cultos, organizaciones o fundaciones, yoga, filosofía, seminarios multi-nivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales, centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología u ovnilogía y terapias alternativas, entre otras.
En la mayoría de los casos, dejan secuelas, perjuicios, trastornos, tanto físicos como psicológicosa sus adeptos, en distintos grados. A medida que fueron pasando los años, y las organizaciones LGBTIQ+ ganaron lugar, las personas y grupos que llevaban adelante estas terapias les fueron cambiando los nombres, y ya no se muestran abiertamente como “curadores de la homosexualidad”, sino que hablan, por ejemplo, de que te ayudan a “abandonar el estilo de vida degradado”.
La Ley de Salud Mental
Las leyes que regulan los servicios de salud mental en Argentina indican que una persona no puede ser diagnosticada en su salud mental exclusivamente sobre la base de su orientación sexual o identidad de género. Pero no son leyes que prohíban explícitamente las terapias de conversión. La Ley de Salud Mental fue sancionada y promulgada en el año 2010.
“Esto hace que a nivel institucional esté bastante difundido que no está legitimado cuestionar o asociar la identidad u orientación sexual o la expresión de género a una enfermedad, y por lo tanto no es susceptible de tratamiento”, explicó a Presentes, Ricardo Vallarino, Director Ejecutivo de la organización 100% Diversidad y Derechos.
Sin embargo, de acuerdo con el informe “Poniéndole límites al engaño. Estudio jurídico mundial sobre la regulación legal de las mal llamadas “terapias de conversión”, de ILGA Mundo: “Se puede argumentar queel hecho de que las “terapias de conversión” no se nombren explícitamente disminuye el efecto simbólico de la ley, ya que no hay un mensaje claro que condene estas prácticas”.
La muerte de Federico Gómez
Federico Gómez murió el 19 de enero de 2021 en la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones. Su familia aseguró que había sido perseguido, hostigado y discriminado por miembros de los Testigos de Jehová donde él asistía, y que lo habían citado a una “audiencia judicial” para tratar su “conducta descarada”.
En marzo de 2021, 100% Diversidad y Derechos intervino en la causa judicial. Le pidió al juez Leonardo Manuel Balanda Gómez que “contemple como hipótesis de la investigación el prejuicio a su orientación sexual como elemento central del posible sometimiento a una terapia de conversión y la consecuente instigación al suicidio de la que podría haber sido víctima”.
También, le solicitaron que pida asistencia técnica a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres y personas LGBTI+ (UFEM) para coadyuvar en la instrucción de la causa.
“En Misiones salimos a denunciar. Estaba claro que había habido un hostigamiento por parte de su comunidad, lo habían citado por su llamado ‘estilo de vida’. Era un chico gay. Ellos eran Testigos de Jehová en el NEA”, contó Vallarino a Presentes.
En ese momento, el activista Jorge Víctor Ríos expresó en una nota publicada por 100% Diversidad y Derechos que “la muerte de Federico generó una conmoción en la comunidad LGBTI+ de esa provincia porque existe la posibilidad de que esté relacionada a su orientación sexual, ya que se dio en el marco de una denuncia de hostigamiento por su orientación sexual por parte de grupos religiosos”.
Otras situaciones que conocen desde la organización ocurren en ciertas comunidades evangelistas en la provincia de Chaco, que promueven abiertamente el estigma hacia las personas LGBT. La forma sutil de indicarlo es: “amar al pecador, pero no al pecado”.
“En muchos lugares continúa esta aproximación a decir: no al hostigamiento o violencia abierta, pero sí decir que las personas están equivocadas y la cura es el amor. Este es el discurso público que se ve, no se esconde. Dan a entender que hay algo erróneo.No dicen que es una enfermedad abiertamente, pero de alguna manera lo indican como una desviación moral o pecaminosa”, explicó Vallarino.
En esas comunidades, de acuerdo a lo registrado por 100% Diversidad y Derechos, es muy extendida la práctica de presionar: existen testimonios de parejas de lesbianas que fueron presionadas a separarse.
Entre los problemas para llegar a más personas que hayan sufrido estas presiones y hostigamientos, estos intentos por “corregirles” su orientación sexual o su identidad de género, está la dificultad de ingresar en estas comunidades tan cerradas. Y también que las personas LGBT reconozcan sus derechos, y que nada está mal en ellas.
Entre los testimonios que recogió la organización hay personas que tuvieron que dejar su localidad o su barrio, mudarse, cortar lazos. “Todavía tenemos que seguir difundiendo que esto es un ejercicio de la violencia psicológica”, apuntó Vallarino.
Escondidas bajo el lema del “amor”
El 22 y 23 de junio de 2018 en Santiago del Estero se desarrolló el 2do Congreso Internacional de Educación en el Amor. Lo organizaba la delegación provincial de la Red Federal de Familias.
El congreso fue declarado de interés municipal y provincial, y contaba con el apoyo de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.La conferencia magistral se llamaba “Aún hay esperanza” y las temáticas eran “Inmadurez Psico-Afectiva – Atracción hacia el mismo sexo. (Experiencias y Testimonios en tratamiento)”. Lo dictaba la doctora Marcela Ferrer Farnier de Chile.
“Al principio intentaron un par de encuentros sobre el tema, pero los denunciamos, y tuvieron que cancelarlos o resignificarlos. De vez en cuando surge alguna cosa, y la denunciamos, pero es poco frecuente que lo digan abiertamente”, explicó a Presentes María Rachid, integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT.
“Se encubren en supuestas organizaciones de profesionales, pero siempre hay una iglesia atrás”, sumó Rachid.
El 19 de junio de 2019, a raíz de la realización de ese congreso, llegaron reclamos ante la Defensoría LGBT (gestionada por la FALGBT y la Defensoría del Pueblo de CABA), con preocupación. El organismo, entonces, realizó denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Ese mismo año llegó a la Defensoría un chico gay que alertó respecto de la existencia de grupos fundamentalistas religiosos que aconsejaban material en contra de la diversidad sexual -grupos de “reconversión sexual”- en Argentina y solicitó información acerca de estas situaciones y de la ley de salud mental.
El 28 de diciembre de 2016 una chica lesbiana pidió asesoramiento a la Defensoría porque la familia de su novia, quienes pertenecían a un grupo religioso, impulsaban las “terapias de reconversión” para personas LGBT.
El año pasado también se comunicó otra chica solicitando asesoramiento y acompañamiento porque cuando le contó a su madre y a su padre que era lesbiana la amenazaron con llevarla a terapia de reconversión.
Qué dicen los organismos internacionales
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y expertos en derechos humanos de la ONU han cuestionado los supuestos tratamientos psicoterapéuticos dirigidos a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona.
“Las llamadas “terapias de reconversión” o “reparativas” carecen de indicación médica y representan una grave amenaza a la salud y a los derechos humanos de las personas afectadas. Son prácticas injustificables que deben ser denunciadas y sometidas a las debidas sanciones y penalidades”, decía ya la OPS en el año 2012, en el informe ”Curas para una enfermedad que no existe”.
En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe llamado “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América” donde explica que ha recibido información sobre personas LGBT que fueron sometidas a supuestos tratamientos psicoterapéuticos, internadas en “clínicas” o campamentos y víctimas de abuso físico. “Estas terapias son dañinas, contrarias a la ética, carecen de fundamento científico, son ineficaces y podrían constituir una forma de tortura”, afirma la CIDH en el informe.
“Tu caso es rectificable”
Cuando Lucas Mendos, autor del informe de ILGA Mundo, decidió decirle a su familia que era gay, le tendieron una trampa. “Me mandaron con un psicólogo que después de escuchar todo mi caso me dijo que mi caso era “rectificable” y que podíamos iniciar un tratamiento para corregir las cuestiones. Con ese lenguaje, corregir”, relató Lucas a Presentes. “El psicólogo le dijo que su orientación sexual podía ser “reorientada”, que podría eliminar “ciertos vicios y tendencias desviadas”.
Esto ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Lucas tenía 23 años. Hoy, a los 38 y con un recorrido de activismo y estudio de los derechos LGBTIQ+, decide contarlo. Sabe que el psicólogo que le dijo que su “caso” se podía modificar, aún sigue trabajando. Se llama Julio César Labaké. En el año 2019 publicó un libro llamado Homosexualidad, posverdad e ideología de género.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se adhirió a la Campaña Internacional “Curas que Matan” del Comité Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (IDAHOT) declarando que las “terapias de conversión” están prohibidas bajo la ley antidiscriminatoria local. Pero sólo fue esa ciudad. En el resto del país no hay legislación general y explícita que las elimine.
Manipulación y control mental
“Un día sentí que estaba curado. Subí al escenario y todo el mundo aplaudió. Esa sensación me duró dos meses, fue horrible. Me sentí un tarado después”, contó Leonel aPresentes. Tenía 17 o 18 años. Pero para ese momento ya dirigía a otros chicos gays: él debía ayudarlos a volver a convertirse en heterosexuales.
Le hicieron creer que podía terminar en el infierno. Y Leonel tenía miedo. “Yo llegué a pensar que venía de familia de maldecidos”, dice hoy, animándose a hablar tras dos años de haber dejado esta iglesia.
El proceso para salir de ahí no fue fácil. Hace unos años consiguió un trabajo que le ocupaba todo el día. Había dejado de ir, ya no tenía tiempo. Además, estaba saliendo con un chico ateo. Pero un día del año pasado, antes de que empiece la pandemia, estaba muy mal con su novio, y le pidió que lo acompañara a la iglesia.
-Dios me muestra que hay personas que se sienten decaídas, con pensamientos malos. Pasen al frente que voy a orar por ellos- dijo el pastor Cristian Méndez.
Leonel bajó las escaleras, pasó al frente. Dijo que se sentía decaído porque estaba mal con su novio. Cerró los ojos para que oren por él, pero eso no pasó. “Para poder orar por vos tenés que dejar lo que no le agrada a dios. ¿Estás dispuesto a dejarlo? Si lo dejás oro por vos”. Leonel se sintió peor de como había llegado.
“Empecé a ver cada situación de manipulación, de control. Usan mucho el control mental.Te anulan la mente: que nada de lo que te digan lo pases por la mente, te enseñan a anular el razonamiento, el discernimiento, la crítica. Si ellos te dicen algo dalo por hecho”, cuenta Leonel. Y describe más técnicas: aislamiento del núcleo familiar y social, agotamiento físico (“te tenían constantemente haciendo cosas, orando durante horas, repartir folletos, caminábamos muchísimo”), cambio de dieta (ayunos de una comida), etc.
Él no es el primero ni el último. Eso lo tiene claro. “Lo que sí soy el primero en animarse hablar y contar todo esto. Hay un montón de chicos y chicas que pasaron por cosas similares pero dejaron esta organización en silencio, hicieron como que nunca pasó nada”, dice Leonel.
La iglesia ya no se llama así como cuando Leonel ingresó. Ahora lleva el nombre de Ministerio Internacional Rey De Gloria. Tienen más de mil fieles.En ese lugar Leonel conoció muchos chicos gays, y un chico trans. A todxs les intentaron cambiar su orientación sexual o identidad de género.Al chico trans lo hicieron vestir de mujer y le buscaron pareja hombre.
Leonel pensó en denunciar, pero no sabe cómo. “En el ámbito religioso es incluso más difícil que en el ámbito de la salud. Habría que ver bien si se puede armar un argumento de que eso necesariamente termina afectando la salud mental de la persona. El marco normativo no ayuda mucho”, indicó Lucas Mendos.
Qué es una organización coercitiva
“Son individuos, grupos u organizaciones coercitivas, que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para captar, someter y vulnerar los derechos humanos, derechos del niño, derechos del animal y la sanidad pública”, indica Pablo Salum en su canal de Youtube donde habla de sectas, y explica qué son estas organizaciones.
“Hoy en día casi nadie denuncia, por desconocimiento, y además porque estas organizaciones lo que hacen es culpabilizar a las víctimas. Y al tener a sus seres queridos como secuestrados, se hace más difícil para una víctima denunciar”, explicó Salum, de la Red Librementes. Para él, el mayor problema es la invisibilización del tema.
Un nuevo proyecto de ley en Argentina
El 23 de agosto se presentó un proyecto de ley que tiene como fin crear el programa nacional de asistencia a víctimas de grupo-dependencia, y líderes grupales o unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y abusos.
En la fundamentación, la diputada nacional Mónica Macha, quien firma el proyecto, explica: “Para las personas LGBT existe una especial vulneración dentro de estas organizaciones coercitivas, ya que muchos casos los consideran enfermos que deben ser convertidos, lo que se provoca situaciones de torturas físicas, mentales con consecuencias que llevan al suicidio o la expulsión de su grupo familiar y comunidad”.
El proyecto tiene cuatro ejes fundamentales: la asistencia integral a las víctimas, la elaboración de programas de monitoreo y evaluación de la situación de cada víctima, la asistencia médica, psicológica y jurídica, y por último la investigación de todos los casos de los que se tome conocimiento.
Prohibición de terapias de conversión: sólo 3 países en el mundo
De acuerdo con el informe de ILGA Mundo, solo 3 países prohíben de manera explícita las terapias de conversión: Brasil, Malta y Ecuador.
Desde el año 1999 Brasil cuenta con una restricción legal a nivel nacional para las terapias de conversión, a través de una resolución del Consejo Federal de Psicología, donde se prohíbe la “patologización de comportamientos y prácticas homoeróticas”. Además, indica que psicólogues con licencia “se abstengan de ofrecer tratamiento coercitivo o no solicitado a los homosexuales”.
En Ecuador, por su parte, la legislación surgió bastante más tarde, en 2012. El año anterior el Estado encontró muchos centros de rehabilitación donde había personas internadas por la fuerza para ser “curadas” o tratadas por su atracción hacia personas del mismo sexo.
Entonces, el Ministerio de Salud Pública emitió un Acuerdo Ministerial que en su artículo 20 prohíbe que en los centros de rehabilitación para personas con adicciones a sustancias psicoactivas se ofrezca, practique o recomiende “tratamientos o terapias que tengan como finalidad la afectación de derechos humanos de las personas, en especial el libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género, la orientación sexual (como deshomosexualización) (…)”.Lo que no contempla esta legislación son las terapias de conversión que ocurran fuera de estos centros de rehabilitación.
En 2016, Malta se convirtió en el primer país europeo en prohibir las terapias de conversión.Se trata de la ley que contempla la prohibición más amplia promulgada hasta el momento, y la primera ley nacional específicamente pensada, redactada y aprobada con un enfoque integral para prohibir y prevenir estas prácticas.]]></content:encoded>
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 22:11:01 +0000</pubDate>
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El 14 de abril de 2019, Sabina Condorí salió a comprar ají en polvo. Tenía 11 años, sonreía siempre y le gustaba la comida con ají. No regresó a su casa en el barrio Virgen Desatanudos, en el sur de La Rioja. Ante la desesperación de su familia, la comunidad salió a buscarla. Con linternas, por la falta de alumbrado en esa zona que reclama urbanización. El cuerpo de la nena fue hallado en un baldío, a pocas cuadras de su hogar. La habían violado y asesinado. Fue el primer femicidio de una niña en esa provincia, y este martes comienza el juicio contra el único imputado.
El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°1 resolvió en 2019 elevar a juicio la causa contra Roque Adrián Rodríguez, alias “El Salteño”, está acusado por abuso sexual seguido de muerte, provocada por asfixia mecánica. “La causa está caratulada como Roque Adrián Rodríguez abuso sexual seguido de muerte en concurso ideal por femicidio, la única pena posible para este sujeto es la prisión perpetua”, dijo a la prensa el abogado querellante, Ángel Luna. Señaló además que “cuando comenzó la etapa de instrucción había tres imputados, los dos últimos fueron sobreseídos porque las pruebas de ADN los desvincularon y solamente en el cotejo de ADN se encontró material genérico del imputado y acusado Rodríguez”.
“Como vecinos no creemos que haya sido una sola persona el que le hizo esto. Lamentablemente para la justicia es uno solo. Un hombre que no era del barrio, que venía por changas”, planteó Claudia Vera, referenta del merendero Sonrisas Poderosas –de la red de organizaciones La Garganta Poderosa-, al que asistía Sabina. “Ese día ella salió a comprar ají. Porque le gustaba comer la comida con ají. No volvió. La hemos tenido que encontrar sin vida. En el barrio lo que pasó fue por el abandono del Estado: siempre hemos gritado pidiendo alumbrado, urbanización, que se terminen las viviendas por hacer. No se cumplió. Hoy tenemos que gritar ‘justicia’ con el corazón roto”, lamentó la mujer, en diálogo con Tiempo. Y agregó: “Desde lo de Sabina todos quedamos con miedo. No sabemos cómo cuidarnos unos a otros. Los niños van caminando a la escuela muchas veces porque el colectivo no entra, a tres años seguimos en la misma situación en el barrio, no hubo mejorías, cada vez que llueve las calles se rompen, la gente se inunda”.
Sabina tenía dos hermanos y cinco hermanas. La menor, de dos años, no llegó a conocerla. Estaba en la panza cuando se cometió el femicidio/infanticidio que enlutó al barrio Virgen Desatanudos. El pasado jueves 14, al cumplirse tres años del crimen, la comunidad marchó con velas y banderas para recordar a la nena y exigir justicia. “Marchamos con velas, con globos, con lágrimas. Con su mamá pidiendo que no los dejemos solos. Tenemos que recordarla cada 14, haciendo actividades para que vean que no nos olvidamos. Que seguimos por ella, para que ese haga justicia, para que Sabina no quede en el olvido”, remarcó Vera. Y recordó a la nena “con una sonrisa que curaba todo. Ella venía siempre con sonrisa, daba alegría. Y hoy no está”.
Un centenar de nenes y nenas se alimenta en el merendero Sonrisas Poderosas, asiste a clases de apoyo y talleres culturales. Quienes llevan adelante el lugar limpiaron un terreno estatal frente al barrio para instalar arcos e improvisar una cancha, ante la falta de espacios verdes o lugares de esparcimiento en el barrio. En ese espacio construido por la comunidad se realizó el homenaje del jueves 14, que incluyó campeonato de fútbol mixto, una merienda popular y teatro, además de la marcha con velas.
Anoche, a horas del inicio del juicio, comenzó una vigilia en la Plaza 25 para acompañar el reclamo de justicia y partir a primera hora de este martes hacia el juzgado, donde se esperaban las declaraciones de la mamá y una hermana de Sabina.
En los días previos al inicio del juicio, desde la organización villera La Poderosa, a la que pertenece el merendero Sonrisas Poderosas, difundieron un video donde actrices y referentes de Derechos Humanos reclaman justicia y comparten el lema “hablemos de Sabina”, para visibilizar el femicidio infantil y exigir justicia. “Como es un tema lamentablemente muy poco visibilizado, decimos ‘hablemos de Sabina”, advierte en el video Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo. “Sabina tenía unos ojos hermosos, chinitos, inocentes. Solía posarlos detrás de su cámara, porque soñaba con ser fotógrafa de La Garganta”, relata la actriz Natalia Oreiro, y su par Valentina Bassi da cuenta de la inacción de la Policía, mientras Gloria Carrá plantea que “esto no puede pasar más”. Junto a otras artistas, se sumaron a la campaña en redes sociales para pedir #HablemosDeSabina
“Nunca más infanticidio/femicidio”
Pocas horas después del inicio del juicio por Sabina, se recordarán y se reclamará por otros femicidios/infanticidios. Será la provincia de Chaco, en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, donde a las 17 está convocada una conferencia de prensa por parte de organizaciones de la sociedad civil, familiares y profesionales que trabajan por los derechos de las comunidades originarias. “Que no maten nuestro futuro” y “Nunca más infanticidio/femicidio” son las consignas, tras los asesinatos de tres niñas y adolescentes de la comunidad wichí en la región: Pamela y Florencia en Salta, y Dominga y Jorgelina en Chaco.]]></content:encoded>
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